Ante la escalada de la violencia que se ha registrado en la ciudad, los ocho alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara acordaron efectuar retenes móviles en todos los municipios del área. Además anunciaron que se vigilarán los límites municipales y los principales ingresos carreteros.
Los alcaldes informaron que se generalizarán las “columnas” de seguridad que se han aplicado en Guadalajara. Las medidas preventivas son una reacción al incremento de los hechos vinculados al crimen organizado y el recrudecimiento de su violencia. Se efectuarán en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos.
“No queremos que llegue a pasar en la ciudad lo que está pasando en Monterrey”, definió el presidente municipal de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
Enrique Alfaro Ramírez, presidente municipal de Tlajomulco señaló que los alcaldes están conscientes de la escalada de violencia: “Que quede claro: entendemos el tamaño del problema y entendemos que, si tenemos que ajustar medidas, hay que hacerlo, sin que eso signifique violentar garantías y derechos humanos”.
La aprobación de los retenes, sin embargo, ha sido discutida en numerosas ocasiones por grupos y autoridades que defienden los derechos humanos. En contraste, ayer mismo un ex ministro, invitado a ofrecer una conferencia al Palacio de Gobierno, los defendió (ver aparte).
Entre los ingresos a la zona metropolitana que serán vigilados se encuentran, en Tonalá, la carretera a Zapotlanejo; en Tlajomulco, la carretera a Morelia y la carretera a Chapala y, en Zapopan, las carreteras a Colotlán y a Santillo.
El presidente municipal de Tonalá, Antonio Mateos Nuño, reconoció que en los límites municipales han surgido problemas de comunicación o de coordinación en donde no interactúan las policías de los municipios.
Señalaron que los operativos coordinados se llevaran a cabo en las zonas donde existe “mayor peligrosidad” o en las “zonas criminógenas” y en los que se buscará abatir la portación de armas y vehículos robados. Se acordó también que las corporaciones policiales con más recursos y elementos apoyarán a los municipios más pequeños.
Los alcaldes indicaron que todas las medidas se efectuarán con el apoyo de la federación y de la policía estatal: “Anteriormente no se quería reconocer que el crimen organizado, la violencia, estaba en aumento, y acaba de declararlo el secretario de Seguridad Pública del estado, que eso va creciendo y puede ir para más si no se toman las medidas pertinentes”, sostuvo el presidente municipal de Tonalá, Antonio Mateos Nuño, quien fue el anfitrión en esta reunión.
Los ediles anunciaron que invitarán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a los medios de comunicación para que los acompañen en los operativos de las columnas de seguridad.
Además habrá un grupo integrado por los jefes policiales de cada municipio y se implantará una frecuencia especial en las comunicaciones radiofónicas para que las corporaciones acudan en apoyo de sus iguales.
Miguel Castro sostuvo que es el “primer gran acuerdo en materia de seguridad pública” que han tomado los ocho alcaldes de la zona metropolitana y que, dijo, va mucho más allá de pintar las patrullas de un mismo color.
Los munícipes no precisaron la fecha en que arrancarán los operativos, pero comentaron que se iniciarán luego de que se pongan de acuerdo los jefes policiales de las diferentes corporaciones.
Ex ministro apoya “restringir ciertos derechos”
La implementación de los llamados retenes no significa una suspensión de las garantías individuales, consideró el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Mariano Azuela Güitrón, quien opinó que se trata de una medida que tiende a evitar peores escenarios por la falta de paz que está viviendo el país.
“Hay momentos en que, ante situaciones de gravedad, es posible limitar, restringir ciertos derechos humanos, no eliminarlos, pero sí pueden, de alguna manera, restringirse para salvaguardar valores fundamentales, como lo es el valor de la seguridad, el valor de la paz, el valor de la vida”, apuntó.
Entrevistado al término de una conferencia que dictó en el Palacio de Gobierno de Jalisco, el jurista señaló que al limitar el libre tránsito, sin decreto de por medio, “no hay propiamente suspensión” de garantías.
“El que a uno lo detengan en una carretera y lo revisen pues en última instancia no está vulnerando un derecho, de manera tal que se le esté privando del derecho; se está causando cierta incomodidad”, opinó el ex ministro, tras agregar que es una incomodidad en medio de situaciones como violencia, asesinatos o coches bomba.
Azuela Güitrón apuntó que la propia Constitución mexicana contempla suspensión de garantías individuales, en un tiempo determinado y un lugar específico, cuando se requiera salvaguardar la seguridad y la vida, lo que no ha sido necesario “porque se tiene confianza en que por otros medios se puede evitar llegar a ese extremo”.
Las nuevas medidas
Columnas de seguridad: retenes móviles en los ocho municipios metropolitanos.
Vigilancia de los principales accesos carreteros a la zona metropolitana de Guadalajara.
Operativos coordinados en los límites municipales con apoyo de las diferentes corporaciones policiales.
Fuente: www.milenio.com
