La severidad de la crisis ha hecho que la penuria financiera esté golpeando a los ayuntamientos, de los que una gran parte habrÃan quebrado ya si se tratara de empresas. La tradicional morosidad de los consistorios hacia sus proveedores de servicios se ha extendido a cuestiones esenciales de gasto corriente como la luz, el teléfono, el agua y hasta el salario de sus funcionarios.
Los ayuntamientos ya han advertido al Gobierno que no podrán devolver los fondos que les adelantó, y se plantean restringir algunos servicios locales, como la recogida de basuras. Los alcaldes confÃan en que el Ministerio de EconomÃa levante la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse en 2011, y argumentan que el volumen total de la deuda municipal, 35.000 millones de euros, es una cifra asumible, sobre todo cuando una cuarta parte le corresponde al ayuntamiento de Madrid.
En eso no les falta razón a quienes critican la injusticia del café para todos en la prohibición de endeudarse, pues no merece lo mismo ser atado en corto el ayuntamiento de Madrid, endeudado hasta las cejas, que cualquier otro municipio con unas cuentas razonablemente saneadas y con margen para aumentar su endeudamiento. Tampoco les falta razón a los alcaldes cuando insisten en reclamar el compromiso olvidado del presidente Zapatero de establecer un marco de financiación local adecuado, que de momento ni está ni se le espera.
Este incumplimiento es aún más grave después de la reciente reforma de la financiación autonómica, en la que Zapatero no ha dudado en pagar una elevada factura presupuestaria para satisfacer al tripartito catalán y al tiempo contentar al resto de dirigentes autonómicos.
Como recomendó ayer el consejero de Hacienda de Madrid, Antonio Beteta, quizás lo que deberÃan hacer aquellos ayuntamientos que no puedan pagar es dejar de prestar las llamadas competencias impropias –servicios cuya prestación corresponde a otra administración– por las que muchos municipios optaron en su dÃa como una decisión polÃtica.
Pero, desde luego, lo que no es un planteamiento sostenible es asfixiar a impuestos al contribuyente –el IBI ha crecido exponencialmente–, como están haciendo muchos ayuntamientos, o sacarse de la manga figuras impositivas nuevas, como la polémica tasa de basuras en Madrid. La gestión local ha abusado de una fuente de ingresos coyuntural y extraordinaria, como fue la burbuja inmobiliaria, aumentando el gasto corriente y engordando plantillas sin control y, con independencia de la prioridad de establecer un marco de financiación adecuado, ahora lo que toca es asumir que hay una nueva situación que exige redimensionar las estructuras locales.
Fuente: www.expansion.com
Imagen: Google
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