La severidad de la crisis ha hecho que la penuria financiera esté golpeando a los ayuntamientos, de los que una gran parte habrían quebrado ya si se tratara de empresas. La tradicional morosidad de los consistorios hacia sus proveedores de servicios se ha extendido a cuestiones esenciales de gasto corriente como la luz, el teléfono, el agua y hasta el salario de sus funcionarios.
El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha recomendado a los ayuntamientos madrileños que lamentan la falta de financiación para cubrir las llamadas 'competencias impropias' --servicios cuya prestación corresponde a otra administración-- que dejen de prestar esos servicios si no pueden pagarlos, argumentando que corresponden a "decisiones políticas".
El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, ha reiterado que el Gobierno central no puede aplazar la devolución de deuda de los ayuntamientos, entre otras razones, por "falta de capacidad legal", pero ha indicado que el Ejecutivo estudia una modificación del sistema de financiación en el medio plazo que conceda mayor participación de los ayuntamientos en los ingresos estatales.
Los ayuntamientos y las tres diputaciones valencianos tendrán que devolver al Gobierno central a partir de 2011 la friolera de 174 millones de euros, que es la parte que corresponde a la Comunitat de los anticipos mal calculados de 2008 por importe de más de 1.500 millones en toda España. De esta cantidad, 15,5 millones corresponden a la Diputación de Castelló y ayuntamientos de la provincia. Esta deuda, consecuencia del desplome de los ingresos por la crisis económica (que provocó que las entregas a cuenta superen la financiación a la que finalmente tienen derecho), unida a la caída continuada de los recursos, coloca a las corporaciones locales en una situación de extrema precariedad. Tanto, que desde el PP se calcula que más de un 10% de municipios pueden llegar a encontrarse en situación de insolvencia. Esto es, de no poder pagar a los proveedores, con riesgo de quedarse sin fondos para hacer frente a las nóminas.
La Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves con los únicos votos favorables del Partido Socialista la Reforma Laboral, pero con la inclusión de varias enmiendas y con la oposición frontal de los sindicatos. Los nacionalistas catalanes de CiU y los vascos del PNV aceptaron implicitamente la reforma al abstenerse en la votación. En contra, votaron el resto de grupos como el Partido Popular (PP) e Izquierda Unida.
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