Selina Otero. "La estructura actual es insostenible: hay que redefinir las competencias de las administraciones y adaptarlas al siglo XXI"
“Si esto lo hago yo no lo haga usted o, si no, hagámoslo conjuntamente”. Como responsable de la corporación provincial más potente de España, Fogué Moya se niega en rotundo a eliminar las diputaciones. Ni pensarlo. Asegura que reubicar el personal y las funciones de estos organismos históricos de carácter supramunicipal en otra administración “no supondría ahorro”. Admite que no existe la fluidez suficiente entre los distintos niveles de administración, lo que provoca una pérdida de eficiencia y lleva “a duplicar e incluso triplicar” costes. Tampoco considera que recortar el número de municipios sea la solución. ¿Cuál es su receta para reducir gasto público? Aprovechar los organismos que ya hay, “no partir de cero”, adaptándolos al siglo XXI. ¿Cómo? Actualizando sus funciones por escrito “y que cada uno se limite a lo suyo”.
–Diputaciones, consellos comarcales, mancomunidades, área metropolitana, ayuntamientos... ¿Es lógica la pervivencia de todas las patas de la administración local?
–Coexistimos. Es necesario un ejercicio de racionalización que no tiene por qué implicar la desaparición de nadie. Soy partidario de no hacer más estructuras y si fuera necesario sí habría que eliminar algunas de las existentes.
–¿Cómo evitar duplicar gastos con tantos escalones en una misma categoría administrativa?
–El esfuerzo que hay que hacer en España es mejorar los niveles de gobernanza multinivel, palabra que se está usando mucho en Europa. Tenemos la administración estatal, la autonómica y la local y, dentro de la local, mancomunidades, consorcios, áreas metropolitanas... En Estados muy descentralizados como el nuestro, con el tiempo se puede caer en el error de no reducir las duplicidades o las triplicidades entre unos y otros. Además, puede pasar, y pasa, que la relación fluida que tendría que haber entre los diferentes niveles no es tan fluida, es más administrativa y se pierde eficiencia. Más que eliminar niveles lo que hace falta es mejorar la cooperación y optimizar recursos: si esto lo hago yo no lo haga usted o, otro caso, hagámoslo conjuntamente
–¿Consiguen no pisarse en el caso de Barcelona?
–Lo intentamos. Creo que el mecanismo en red que hemos establecido diputación-ayuntamientos lo hemos hecho desde un punto de vista vertical, no en pirámide. Es la clave y no es difícil hacerlo. Hay que atender a la ley de corporaciones locales y hacer modificaciones para evitar duplicidades, actualizando las competencias. Los ayuntamientos, hoy en día, después de 31 años de democracia, prestan muchas más funciones de lo que es obligatorio por ley. Hay que adecuar el marco competencial de las estructuras locales a la realidad del siglo veintiuno.
–¿Redefinición mejor que supresión?
–En principio, sólo suprimir si se monta algo nuevo. Pero, ¿mantener todo tal y como está? Tampoco. Hay que actualizar. Pondré un ejemplo perverso. Imagínese que la Diputación de Barcelona es un objetivo para reducir administración. Aquel que tome esa decisión, supongo que se asegurará de lo que quiere decir con eso: ¿eliminar la institución? Vale, desaparecemos los cargos y, ¿qué pasa con los más de 4.500 trabajadores? No están sentados en una mesa sin hacer nada. Gestionan tributos, bibliotecas, son asesores jurídicos, técnicos... ¿Dónde los reubicamos? ¿Qué pasa con sus funciones? ¿Lo pasamos a los gobiernos autónomos? ¿Y eso representa ahorro? ¿Garantiza que desde el nivel autonómico se gestionará de forma más próxima y mejor que desde el nivel actual? Como mínimo es muy discutible.
–¿Cuál sería la fórmula para reducir costes en las administraciones locales entonces?
–Plantear la desaparición crea el problema de reubicar personas y trabajo. No es tan simple como suprimirlas, sumar todo el presupuesto y considerarlo ahorro. No. ¿Cambiar de nombre? ¿Cambiar de título?¿Obligar a la comunidad autónoma a añadir competencias locales cuando hay tres niveles de administración en España? Eso iría en contra de la carta de autonomía local y el principio de subsidiaridad recogido en el Tratado de Lisboa. Actualicemos el papel de las diputaciones, hagamos que sean administraciones locales de segundo nivel del siglo XXI. Decidamos y pongamos por escrito las funciones de éstas y de los ayuntamientos y que cada uno se limite a lo suyo. Es por ahí que puede venir algún recorte de gasto público. Así empezaríamos a hablar de ahorro.
–¿Es partidario de la fusión de municipios?
–Ese es otro debate pero muy complicado de llevar a cabo. De casi 9.000 municipios nos quedamos con 3.000. Vale. Pero dígame cómo lo va a hacer. El conflicto identitario que representa modificar los límites de un término municipal lo sabéis en Galicia tanto como nosotros. Me quedo con 3.000 grandes, por poner un ejemplo, con más trabajadores y más funciones también. ¿No será mejor racionalizar competencias? Los pequeños que no pueden subsistir echan mano de las diputaciones, que les dan soporte. Y a mayores, las mancomunidades y consorcios, muy rentables para gestionar servicios en concreto.
–En el caso de Cataluña el debate de la reforma de la administración local está más avanzado, en el marco del nuevo Estatuto, con la nueva fórmula de las veguerías.
–Me gustaría que quedara claro que mi posición no es, para nada, inmovilista. Al revés, yo soy de los convencidos de que hay que avanzar hacia una nueva arquitectura local. En España y en Cataluña con nuestro estatuto. Pero la base es la misma: no partir de cero sino de lo que ya tienes, adaptándolo a las necesidades del siglo XXI. La estructura anterior es insostenible.
Fuente: www.farodevigo.es
